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CNDH se niega a impugnar militarización; sus consejeros impugnan a Rosario Piedra

Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), desoyó a los ocho integrantes del Consejo Consultivo del organismo garante ante la advertencia del surgimiento de víctimas de abusos por parte de los elementos de la Guardia Nacional, una policía que fue creada para tener carácter civil -aunque integrada en su mayor parte por hombres del Ejército y la Marina ante la desaparición de la Policía Federal- y que el Presidente de México puso bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En un breve posicionamiento, el Consejo Consultivo de la CNDH señaló que tras las reformas legales aprobadas por el Congreso de la Unión para que la Sedena controle operativamente a la Guardia Nacional se propuso a Piedra Ibarra iniciar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero la presidenta la activista Rosario Piedra se negó rotundamente.

El consejo lamentó que la titular de la CNDH no haya escuchado las advertencias ante las consecuencias de abusos de derechos humanos que puede provocar que la Guardia Nacional esté bajo el mando castrense.

“Las y los consejeros firmantes, en lo individual y como firmes convencidos del impacto negativo que esta propuesta aprobada podrá tener en los derechos humanos, nos comprometemos a apoyar las iniciativas ciudadanas encaminadas a revertir la reforma y sus consecuencias, así como acompañar a las potenciales víctimas y personas agraviadas que resulten de esta desafortunada decisión”.

El posicionamiento está firmado por Tania Espinosa Sánchez, Adalberto Méndez López, Bernardo Romero Vázquez, Jorge Alejandro Saavedra López, Gloria Ramírez Hernández, Georgina Diédhiou Bello, Ángel José Trinidad Zaldívar y Mauricio Ignacio Ibarra Romo.

“Necesarias, medidas no convencionales”: CNDH

Luego de que el pasado 13 de septiembre el legislativo volviera a someter a votación cómo combatir a la delincuencia organizada que opera en todo el país, dándole una extensión del tiempo a las Fuerzas Armadas por cuatro más, es decir, un periodo en total de casi una década para que la Guardia Nacional se consolide tras su creación en marzo de 2019, la Comisión Nacional de Derechos Humanos se pronunció a favor de que el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador adopte medidas no convencionales, es decir, apartarse de acuerdos internacionales por el Estado mexicano para velar por las garantías individuales.

El organismo justificó estas medidas, que consideró necesarias ante la afectación a la seguridad pública que provoca la delincuencia organizada, y se hace conveniente una estrategia clara “que permita generar condiciones a corto, mediano y largo plazos que dé como resultado una protección integral a la sociedad”.

“Esta violencia que se vive en nuestro país puede llegar a poner en riesgo la seguridad nacional, y por ende los derechos humanos de todas y todos, ya que, de acuerdo con diversos informes de organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y los indicadores que generan diversas instituciones como el Inegi, así como la información de los medios de comunicación, dan muestra de que la delincuencia organizada representa un desafío difícil de abordar, que exige medidas drásticas que permitan consolidar la paz social. Es importante destacar que la seguridad ciudadana es una responsabilidad esencial del Estado y debe asumirse como una política pública que compromete la acción estatal de manera integral, con objetivos claros y verificables”, señaló la CNDH a través de un comunicado.

Agregó que en México será necesario que la Guardia Nacional, bajo la administración de la Sedena, vaya de la mano con instituciones del Estado y de organismos como la CNDH para construir protocolos y normativas que garanticen la formación y profesionalización de sus integrantes, y desde luego su actuación, con un enfoque de derechos humanos.

“La Guardia Nacional debe contar con un enfoque diferenciado de formación al de las Fuerzas Armadas, pues su incorporación a la Sedena no significa que se cuente con los mismos planes de capacitación. Por lo que se propone desarrollar, en breve, un amplio programa de educación que abone a su desempeño en el terreno, frente a la ciudadanía y ante el crimen organizado que nos acecha; contar con los elementos que, a partir del conocimiento de los derechos humanos, les permita diferenciar el tipo de acción a llevar a cabo y en qué medida puede resultar violatoria de derechos, aunado a un marco que dé certeza a sus actuaciones”.

La CNDH se dijo lista para apoyar y asesorar a la Guardia Nacional en materia de derechos humanos.

Por primera vez CNDH no pide aumento a presupuesto para atender a víctimas

Desde noviembre de 2019, la CNDH, bajo la dirección de Rosario Piedra Ibarra, vive una profunda transformación, lo que ha permitido que hoy, mientras el INE y el INAI elevan sus presupuestos ante la Cámara de Diputados, este organismo con menos tiene los mejores resultados históricos de la CNDH: se emiten más acciones de inconstitucionalidad, más recomendaciones y el número de expedientes concluidos ha aumentado notablemente, señaló la ombudsperson ante la entrega del Paquete Económico 2023 presentado el pasado 5 de septiembre por la Secretaría de Hacienda.

Rosario Piedra presumió que es un organismo autónomo que no pide más de lo que le dan, pese al alto número de víctimas de abusos que enfrentar millones de mexicanos.

Detalló que en 2020 el presupuesto de la CNDH fue de 1,874 millones 207 mil 802 pesos; en el año 2021, el monto presupuestal asignado fue de 1,679 millones 905 mil 810 pesos, mientras que para el año 2022 el presupuesto asciende a 1,722 millones 324,772 pesos.

“Es decir, que en comparación con el presupuesto que se tenía al final de la anterior gestión, en 2022 se observa una reducción de 8.2%, en términos reales, en comparación con el presupuesto de 2019. Y con esos recursos, tenemos una CNDH mucho más productiva: en el mes de agosto, es decir a 2 años y medio de iniciada, llegamos a 457 recomendaciones emitidas, más del número de las que se emitieron en todos los 5 años de la gestión anterior (449)”.

Aclaró que la reorientación del gasto se refleja en que más recursos se destinan hoy al trabajo sustantivo, es decir el de protección: la atención de quejas, la investigación de violaciones a derechos humanos, la emisión de recomendaciones y su seguimiento. De este modo, mientras en 2018 se destinaba el 51% del presupuesto a actividades de protección y en 2019 el 54%, este año la CNDH destina a ese rubro el 66% de su gasto.

Aclaró que el Proyecto de Presupuesto de la CNDH para el ejercicio fiscal 2023 sigue por esa ruta. Y propuesta inicial considera un importe de 1,798.3 millones de pesos, lo que representa un 0% de incremento en términos reales si tomamos en cuenta las proyecciones que con respecto a la inflación calcula la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto es así porque el crecimiento que nosotros planteamos con respecto al presupuesto de la CNDH en 2022 es del 4.4%, y de acuerdo con los Criterios Generales de la Política Económica para 2023, la inflación para el año próximo se estima en un 4.7% en promedio.

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