Denuncian rigidez, opacidad y cerrazón en la elaboración de nueva Ley de Ciencia

La propuesta afecta al gobierno y al país, por lo que los científicos e instituciones propongan cuál es la mejor estructura: Alma Maldonado. Sólo hay un solo órgano que toma las decisiones, dice Brenda Valderrama

La filtración de un borrador de lo que sería la iniciativa del gobierno federal de México para una nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación ratifica algo que se ha señalado durante muchos meses: detrás de la elaboración del nuevo marco jurídico hay opacidad y poco esfuerzo de las autoridades para dialogar, dijo en entrevista para los lectores de Crónica Alma Maldonado, doctora en Educación Superior por el Boston College, de Estados Unidos, y actual académica del Departamento de Investigaciones Educativas, del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav), en la Ciudad de México.

Aunque el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) no ha confirmado que el documento haya sido elaborado por ellos, la presidenta de la Academia de Ciencias de Morelos (ACMor) y doctora en Investigación Biomédica Básica, Brenda Valderrama, dijo a este periódico que los ejes del documentos son muy parecidos a la presentación que hizo esta semana Aidee Orozco, directora adjunta de Desarrollo Tecnológico e Innovación de Conacyt, en la Academia de Ingeniería, por lo que sí refleja las posturas del gobierno.

Añadió que en el borrador, al que tuvo acceso Crónica y que difundió desde el miércoles con sus lectores, se nota “muy poca modificación y en algunos casos posturas más rígidas” frente a los temas que se vienen arrastrando desde la iniciativa que se presentó en el Senado, en febrero, a nombre de la Senadora Ana Lilia Rivera, del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

RENUENCIA AL DIÁLOGO. La doctora Alma Maldonado, experta en políticas e instituciones de educación, ciencia y tecnología dijo que la opacidad con la que ha trabajado el Conacyt es grave porque la nueva Ley General no afecta sólo al gobierno si no a todo el país y es importante que los científicos, las instituciones y academias tengan voz para definir cuál es la mejor estructura, el mejor sistema de gobernanza y el mejor sistema de participación en la ciencia mexicana.

“Había sido el secreto mejor guardado. Mientras la construcción de la Ley General de Educación Superior se hizo de una manera más abierta y discutida, la elaboración de esta Ley General de Ciencia,

Tecnología e Innovación ha sido un proceso realmente opaco. Creo que muchos de los cambios que hemos visto en el Conacyt en estos dos años se reflejan en esta versión de la Ley que pasa desde los prejuicios ideológicos, hasta una arquitectura del sistema centralizada, con poco espacio para los organismos autónomos y para la participación de los investigadores. No ayuda a la construcción de un modelo mucho más horizontal y plural de todos los actores que conforman el sistema. Hay una serie de elementos que permiten suponer que no va a ser una Ley federalista o que vaya a adoptar los cambios que se han sugerido”, indicó.

“Yo noto una falta de diálogo y comprensión del gobierno hacia lo que es la actividad científica, los académicos y las organizaciones científicas. Yo creo que esa falta de diálogo comenzó desde el día uno y creo que el haber elegido a Elena Álvarez-Buylla sólo acentuó esa brecha entre el gobierno actual y la comunidad, las necesidades, las preocupaciones y lo que representa el trabajo de investigación. Elena llega con una agenda muy ideologizada, con sus odios y sus temas ya trabajados desde tiempo atrás y esto no ha ayudado a que exista un mejor acercamiento entre las comunidades y el gobierno”, indicó la investigadora de Cinvestav.

MAYOR RIGIDEZ. Además de encabezar la ACMor y ser parte de la red de profesores y académicos ProCienciaMx, la doctora Brenda Valderrama es investigadora del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Tras leer el borrador de la iniciativa al que tuvo acceso Crónica señala aspectos donde la postura del gobierno se rigidiza.

Ella lo explica analizando tres grandes campos de política pública: Gobernanza, financiamiento y libertad de investigación.

“En Gobernanza es más rígida porque hay un solo órgano que toma las decisiones desde el gobierno federal y aunque deja a los estados la alternativa de hacer mejoras o precisiones el objetivo último de la investigación científica ya queda definido. Además, coopta los órganos de consulta que eran autónomos y ahora serán dependientes del ejecutivo, que seleccionará a los integrantes de estos órganos de consulta y nombrará a la secretaría técnica, la cual será responsable de definir los temas y la agenda de trabajo”, dice la científica mexicana.

“En cuanto al financiamiento, no se habla de las obligaciones de financiamiento. Este punto se frasea de modo muy interesante pues dice que ‘toda persona tiene derecho a exigir que el Estado fomente, realice o apoye’ la investigación, pero no habla de obligación de financiamiento».

«Y en tercer lugar, está el tema de las libertades, que es un tema fundamental para la investigación pues aunque repite que fomentará la libertad de cátedra e investigación, en el artículo V habla de la posibilidad de aplicar el principio precautorio para suspender investigaciones por motivos de seguridad, salud, responsabilidad ética, social y ambiental, derechos humanos o por cualquier otra causa de interés público, lo que se parece mucho a la iniciativa presentada en febrero por la senadora Rivera que tenía el fin último de controlar la investigación en aras de lo que llaman al interés público nacional, el desarrollo sostenible del país y el bienestar del pueblo de México. Aquí no se menciona la palabra ciencia, generación de conocimiento ni formación de recursos humanos”, señaló.