El narco inundó la política en 3 sexenios: analistas; ahora, en la 4T, 19 cárteles operan en México
En México hay 19 agrupaciones delictivas de alto impacto. De acuerdo con la UIF son las amenazas más relevantes a nivel nacional en materia de lavado de dinero y corrupción. Para analistas consultados, su proliferación implica la incapacidad del Estado para combatirlos, pero también, una grave crisis de complicidad entre criminales y funcionarios públicos.
Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Santiago Nieto Castillo no inventó el hilo negro al reconocer que todo el territorio mexicano está plagado de cárteles de la droga. Tampoco lo inventó al informar que hay 19 asociaciones delictuosas de alto impacto que generan violencia, corrupción y recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, la UIF aclaró que la delincuencia organizada sí está creciendo y que su crecimiento es uno de los principales factores del incremento en el flujo de recursos ilícitos generados a nivel nacional.
Sólo entre 2016 y 2018, dijo Nieto Castillo, los grupos delictivos tuvieron ganancias estimadas por 1 billón de pesos, o bien, el equivalente al 6.6 por ciento del Producto Interno Bruto nacional registrado durante el segundo trimestre de 2020, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi).
Para Edgar Guerra Blanco, el problema del combate al crimen organizado parte de que la estrategia actual es punitiva –es decir, que está centrada en el uso de las fuerzas armadas como la principal vía de contención– y no integra en igual forma, políticas y mecanismos de combate alternativos como la inteligencia financiera, el desmantelamiento de redes criminales a través de maxi-procesos, el saneamiento del tejido social, e incluso, la regulación y legalización de estupefacientes.
“Mi conclusión es que en los últimos tres sexenios se han desgastado recursos, vidas humanas, voluntad política, tiempo, tranquilidad de la ciudadanía, justamente por mantener una visión, un enfoque [punitivo] que no nos va a llevar a ningún lado. Creo que han sido tres sexenios tristes donde no hemos logrado entender que no es por ahí, que no ha funcionado por ahí y que no va a funcionar por ahí”, explicó a SinEmbargo el profesor-investigador del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
El experto en materia de seguridad, Ricardo Ravelo Galó, coincidió con Guerra Blanco acerca de que el combate al crimen organizado debe de ser integral, máxime considerando la diversidad de actividades del crimen organizado que implica 25 tipologías delictivas, como lo son el secuestro, la trata de personas, el lavado de dinero, los cobros de piso, entre otras.
“Lo que observo es que el Gobierno no tiene una estrategia integral contra el crimen organizado”. En México y a pesar de la militarización, abundó Ravelo, hay un vacío legal que sirve de “caldo de cultivo para que la criminalidad aumente”. Una situación que en la opinión del analista, está relacionada con la incapacidad, el miedo y la corrupción de las autoridades.
Aunque Ravelo reconoció que el trabajo de la UIF parece bien intencionado, destacó que el organismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene una deuda con la persecución de dinero de procedencia ilícita en la vida pública, como en el caso de los recursos ilegales para financiar campañas políticas.
“El dinero del crimen corre por todos lados. […] Estamos ante un narcoestado que debe autolimpiarse. […] No es nada menor que alcaldes, diputados y senadores lleguen al poder financiados por el crimen, porque al final del día terminan obedeciendo al crimen”, destacó.
Por su parte, Rodrigo Elizarrarás mencionó que a pesar de que “el Gobierno federal hace bien en utilizar las herramientas de inteligencia financiera para congelar cuentas y detectar flujos y giros ilegales, […] ese esfuerzo esta todavía a medias”. Desde la perspectiva del analista de políticas de seguridad y socio de la consultoría de riesgos Humint, uno de los grandes problemas ligados al combate al crimen organizado y al lavado de dinero es la debilidad del sistema judicial y la falta de procuración de justicia en México.
Elizarrás, Guerra y Ravelo refirieron que aunque la UIF tenga información detallada sobre la distribución del crimen organizado a nivel nacional, el problema es que en México “no se ganan los juicios en tribunales”, como sucedió recientemente con la operación “Agave Azul”, con que el Gobierno federal aseguró presuntos recursos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mismos que tendrá que devolver por no acreditar su origen ilegal.
Para los expertos en materia de seguridad pública, lo anterior podría implicar que todo el sistema de procuración de justicia está fallando, sea por incompetencia de las autoridades durante los procesos de judicialización de carpetas, o incluso por actos de corrupción relacionados con sus procesos de integración.
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